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viernes 2 de septiembre de 2011
jueves 1 de septiembre de 2011
Centros de menores temen que les recorten los fondos a la mitad
Centros de menores temen que les recorten los fondos a la mitad
DANIEL SALGADO - Santiago - 01/09/2011
La Consellería de Traballo e Benestar ha destinado casi 14 millones de euros de sus presupuestos en 2011 a los centros de protección de menores. Prácticamente la misma cantidad que en 2010 pero sin aumentar el IPC. La Xunta negocia ahora las partidas para 2012 con las entidades encargadas de prestar estos servicios y, según explican desde una de las principales asociaciones del sector, el peor escenario con el que trabajan ambas partes supondría un recorte de "hasta el 45% ó 50%".
En Galicia, unos 1.500 menores se encuentran bajo tutela del Gobierno gallego. El sistema de protección, según los datos que maneja la Asociación Gallega de Centros de Menores, ofrece 1.200 plazas de acogimiento residencial, 200 públicas y un millar concertadas. Estas últimas las gestionan normalmente entes sin ánimo de lucro como Cáritas, Mensajeros por la Paz o Aldeas Infantiles, con la aportación económica de Benestar. La Asociación Gallega, a cuya dirección pertenece Jesús Iglesias, agrupa instituciones que reúnen 410 plazas. "Aunque podemos atender hasta unos 600 chavales al año", concreta Iglesias, "porque si un menor sufre una situación de desamparo a las tres de la mañana, hay que acogerlo en algún sitio hasta que se le busca un familiar que se ocupe de él o una familia de acogida".
El sistema de protección de menores -en la modalidad de tutela, guardia o atención de día- se hace cargo de chicos de familias "en situcación delicada". Los ejemplos que coloca sobre la mesa Jesús Iglesias se refieren a hogares donde la drogadicción, la prostitución o el ingreso en la cárcel de los progenitores convierten en inviable la educación de un menor. "Esto no tiene nada que ver con el sistema judicial ni con la reforma de menores; a veces la gente se confunde", puntualiza. Pero lo que preocupa a los encargados de las instituciones de acogida es que este último eslabón de la red de protección social a las personas de menos de 18 años sufra la tijera.Jesús Iglesias hace recuento de los recortes en políticas de Benestar y en ese contexto sitúa la problemática de los centros. "Las ayudas a las familias de acogida [que se conceden individualmente pero que gestiona la Cruz Roja] han descendido un 20% [de 396.000 euros en 2010 a 196.000 este año; en 2009, con el bipartito, casi alcanzaron el millón]", señala. También menciona que los programas de integración familiar, tramitados a través de la Fundación Meniños, menguaron un 50%. Son los escalones previos al ingreso de los menores en las instituciones, "siempre el último recurso". "Si esto es así, ¿qué queda del sistema de protección?", se pregunta, antes de afirmar: "Tal vez todo tenga que ver con que los niños no votan, y que las familias desestructuradas no protestan, no se organizan".
La Consellería de Benestar respondió a este periódico, vía correo electrónico, que el Gobierno "se encuentra elaborando los presupuestos de 2012 y la premisa es mantener los servicios sociales básicos; uno de ellos es la protección de menores". Sobre la previsión de que los ajustes en la materia podrían hacerse realidad en una reducción de hasta el 50%, el departamento de Beatriz Mato afirmó desconocer "de dónde procede ese dato, ya que aún no se han concretado cifras".
Sin embargo, la Asociación Gallega de Centros de Menores mantiene su tesis. "Este año, desde la Secretaría Xeral de Benestar, en la que hubo déficit, no se añadió el IPC a la partida de los centros", se explica Jesús Iglesias, "con los fondos que maneja Benestar, sin aumentar el IPC y si vuelve a haber déficit, el escenario es de hasta un 50% menos". A Iglesias le intranquiliza no haber recibido ninguna señal desde la Xunta que niegue esa posibilidad tanteada de manera extraoficial. Pero añade: "Eso sí, nuestra relación con la Consellería es fluida, y siempre que nos han dado una palabra, la han cumplido". De momento, esa palabra no existe. El viernes, los colectivos afectados se reúnen "de urgencia" con Beatriz Mato.
Para Carlos Aymerich, el portavoz parlamentario del BNG, la situación resulta meridiana: "La Xunta está desmantelando la política de menores". En rueda de prensa en sede parlamentaria, el diputado nacionalista, que en días pasados escuchó las reivindicaciones de la Asociación de Centros de Menores, trazó un oscuro panorama del estado de las políticas sociales y fue desmenuzando los programas publicitados por la Xunta uno a uno. "La terapia familiar se ha suprimido por la vía de no renovar los convenios, al igual que el programa socioeducativo en la calle o las ayudas a la integración en las familias", expuso. Los convenios, explicó, han pasado de anuales a semestrales y, en el caso del apoyo económico a la integración, vencieron el mes de junio y así permanecen.
Pero Benestar no admite las críticas del Bloque. En el mismo correo electrónico remitido a este periódico asegura que "es falso que haya recortes en el ámbito de menores" y anota dos nuevas iniciativas para demostrar que su política va en sentido inverso a lo denunciado por Carlos Aymerich, un Rexistro Unificado de Maltrato Infantil y una web de adopciones. Y, para finalizar, en la futura Lei de Apoio á Familia, dice la Consellería, "prima el acogimiento familiar frente al residencial". La drástica reducción de fondos en el apartado de acogida no la mencionan.
DANIEL SALGADO - Santiago - 01/09/2011
La Consellería de Traballo e Benestar ha destinado casi 14 millones de euros de sus presupuestos en 2011 a los centros de protección de menores. Prácticamente la misma cantidad que en 2010 pero sin aumentar el IPC. La Xunta negocia ahora las partidas para 2012 con las entidades encargadas de prestar estos servicios y, según explican desde una de las principales asociaciones del sector, el peor escenario con el que trabajan ambas partes supondría un recorte de "hasta el 45% ó 50%".
En Galicia, unos 1.500 menores se encuentran bajo tutela del Gobierno gallego. El sistema de protección, según los datos que maneja la Asociación Gallega de Centros de Menores, ofrece 1.200 plazas de acogimiento residencial, 200 públicas y un millar concertadas. Estas últimas las gestionan normalmente entes sin ánimo de lucro como Cáritas, Mensajeros por la Paz o Aldeas Infantiles, con la aportación económica de Benestar. La Asociación Gallega, a cuya dirección pertenece Jesús Iglesias, agrupa instituciones que reúnen 410 plazas. "Aunque podemos atender hasta unos 600 chavales al año", concreta Iglesias, "porque si un menor sufre una situación de desamparo a las tres de la mañana, hay que acogerlo en algún sitio hasta que se le busca un familiar que se ocupe de él o una familia de acogida".
El sistema de protección de menores -en la modalidad de tutela, guardia o atención de día- se hace cargo de chicos de familias "en situcación delicada". Los ejemplos que coloca sobre la mesa Jesús Iglesias se refieren a hogares donde la drogadicción, la prostitución o el ingreso en la cárcel de los progenitores convierten en inviable la educación de un menor. "Esto no tiene nada que ver con el sistema judicial ni con la reforma de menores; a veces la gente se confunde", puntualiza. Pero lo que preocupa a los encargados de las instituciones de acogida es que este último eslabón de la red de protección social a las personas de menos de 18 años sufra la tijera.Jesús Iglesias hace recuento de los recortes en políticas de Benestar y en ese contexto sitúa la problemática de los centros. "Las ayudas a las familias de acogida [que se conceden individualmente pero que gestiona la Cruz Roja] han descendido un 20% [de 396.000 euros en 2010 a 196.000 este año; en 2009, con el bipartito, casi alcanzaron el millón]", señala. También menciona que los programas de integración familiar, tramitados a través de la Fundación Meniños, menguaron un 50%. Son los escalones previos al ingreso de los menores en las instituciones, "siempre el último recurso". "Si esto es así, ¿qué queda del sistema de protección?", se pregunta, antes de afirmar: "Tal vez todo tenga que ver con que los niños no votan, y que las familias desestructuradas no protestan, no se organizan".
La Consellería de Benestar respondió a este periódico, vía correo electrónico, que el Gobierno "se encuentra elaborando los presupuestos de 2012 y la premisa es mantener los servicios sociales básicos; uno de ellos es la protección de menores". Sobre la previsión de que los ajustes en la materia podrían hacerse realidad en una reducción de hasta el 50%, el departamento de Beatriz Mato afirmó desconocer "de dónde procede ese dato, ya que aún no se han concretado cifras".
Sin embargo, la Asociación Gallega de Centros de Menores mantiene su tesis. "Este año, desde la Secretaría Xeral de Benestar, en la que hubo déficit, no se añadió el IPC a la partida de los centros", se explica Jesús Iglesias, "con los fondos que maneja Benestar, sin aumentar el IPC y si vuelve a haber déficit, el escenario es de hasta un 50% menos". A Iglesias le intranquiliza no haber recibido ninguna señal desde la Xunta que niegue esa posibilidad tanteada de manera extraoficial. Pero añade: "Eso sí, nuestra relación con la Consellería es fluida, y siempre que nos han dado una palabra, la han cumplido". De momento, esa palabra no existe. El viernes, los colectivos afectados se reúnen "de urgencia" con Beatriz Mato.
Para Carlos Aymerich, el portavoz parlamentario del BNG, la situación resulta meridiana: "La Xunta está desmantelando la política de menores". En rueda de prensa en sede parlamentaria, el diputado nacionalista, que en días pasados escuchó las reivindicaciones de la Asociación de Centros de Menores, trazó un oscuro panorama del estado de las políticas sociales y fue desmenuzando los programas publicitados por la Xunta uno a uno. "La terapia familiar se ha suprimido por la vía de no renovar los convenios, al igual que el programa socioeducativo en la calle o las ayudas a la integración en las familias", expuso. Los convenios, explicó, han pasado de anuales a semestrales y, en el caso del apoyo económico a la integración, vencieron el mes de junio y así permanecen.
Pero Benestar no admite las críticas del Bloque. En el mismo correo electrónico remitido a este periódico asegura que "es falso que haya recortes en el ámbito de menores" y anota dos nuevas iniciativas para demostrar que su política va en sentido inverso a lo denunciado por Carlos Aymerich, un Rexistro Unificado de Maltrato Infantil y una web de adopciones. Y, para finalizar, en la futura Lei de Apoio á Familia, dice la Consellería, "prima el acogimiento familiar frente al residencial". La drástica reducción de fondos en el apartado de acogida no la mencionan.
jueves 4 de agosto de 2011
viernes 8 de julio de 2011
anteproyecto de ley de protección de la infancia
El Aprobado el anteproyecto de Ley de actualización de la legislación en materia de protección a la infancia
El Gobierno simplifica los mecanismos de acogida y adopción y potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares
• Los menores de 3 años no ingresarán en centros de protección
• Se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable
• Regula los centros para menores con trastornos de conducta
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales
• Amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia
8 de julio de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha presentado esta mañana en Consejo de Ministros el contenido del anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción y potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares.
El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado, esta comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el anteproyecto de ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas - a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia-, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia.
Esta Ley fue uno de los compromisos adquiridos por Leire Pajín tras su toma de posesión como ministra. El texto legislativo visto hoy en Consejo de Ministros implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.
El Gobierno pretende mejorar la protección de los menores en nuestro país, evitar situaciones de desamparo y potenciar la acogida familiar frente a su ingreso en centros de acogida, especialmente para los menores de 6 años. Es más, el anteproyecto establece expresamente que los menores de 3 años no ingresarán en los centros de protección, salvo que exista imposibilidad muy justificada.
Tanto el Gobierno como los organismos e instituciones relacionados con la protección a los menores consideran que el entorno familiar es el ambiente más favorable para el desarrollo de menores en situación de desamparo.
ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN
Respecto del acogimiento familiar, el anteproyecto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, con el objetivo de simplificar y acortar los procedimientos. Se diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción.
Por otro lado, esta reforma posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora. Es importante señalar también que se establece un régimen de derechos y deberes de los acogedores.
Con relación a la adopción, además de suprimir el acogimiento preadoptivo, se acorta el periodo previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez (pasa de un año a tres meses).
Además, se posibilita la adopción de mayores de 18 años en los casos en los que estén previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los 14 años) o convivencia estable (normalmente con un familiar).
El objetivo del Gobierno es afrontar los problemas que se han identificado, actualizando la regulación de nuestro sistema de protección de la infancia. Un aspecto básico y esencial del Estado del Bienestar, porque afecta a los más vulnerables entre los vulnerables.
Uno de los puntos esenciales del anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.
Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar.
Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.
También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia (centros, hogares funcionales, etc.).
SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Igualmente, la nueva normativa racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales.
En primer lugar, el anteproyecto pretende que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo juzgado.
En segundo lugar, se imposibilita la ejecución provisional de sentencias que se dicten en primera instancia. De esta manera se evitan constantes cambios de situaciones y residencia del menor, que originan graves consecuencias emocionales a los niños y niñas.
CENTROS PARA MENORES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA
El anteproyecto regula también los centros para menores con trastorno de conducta. Menores que no han cometido delitos, pero que persisten en conductas que afectan gravemente a los demás, en sus diferentes ámbitos de existencia.
El anteproyecto aborda por primera vez las características de estos centros y establece una serie de garantías: necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, la limitación en la administración de medicamentos, e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión.
Desde esta perspectiva garantista, es importante también la ampliación de la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia. Una labor fundamental que muchos fiscales de España realizan con un gran compromiso y dedicación y que ahora se ve reforzada.
El Gobierno simplifica los mecanismos de acogida y adopción y potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares
• Los menores de 3 años no ingresarán en centros de protección
• Se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable
• Regula los centros para menores con trastornos de conducta
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales
• Amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia
8 de julio de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha presentado esta mañana en Consejo de Ministros el contenido del anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción y potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares.
El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado, esta comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el anteproyecto de ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas - a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia-, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia.
Esta Ley fue uno de los compromisos adquiridos por Leire Pajín tras su toma de posesión como ministra. El texto legislativo visto hoy en Consejo de Ministros implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.
El Gobierno pretende mejorar la protección de los menores en nuestro país, evitar situaciones de desamparo y potenciar la acogida familiar frente a su ingreso en centros de acogida, especialmente para los menores de 6 años. Es más, el anteproyecto establece expresamente que los menores de 3 años no ingresarán en los centros de protección, salvo que exista imposibilidad muy justificada.
Tanto el Gobierno como los organismos e instituciones relacionados con la protección a los menores consideran que el entorno familiar es el ambiente más favorable para el desarrollo de menores en situación de desamparo.
ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN
Respecto del acogimiento familiar, el anteproyecto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, con el objetivo de simplificar y acortar los procedimientos. Se diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción.
Por otro lado, esta reforma posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora. Es importante señalar también que se establece un régimen de derechos y deberes de los acogedores.
Con relación a la adopción, además de suprimir el acogimiento preadoptivo, se acorta el periodo previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez (pasa de un año a tres meses).
Además, se posibilita la adopción de mayores de 18 años en los casos en los que estén previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los 14 años) o convivencia estable (normalmente con un familiar).
El objetivo del Gobierno es afrontar los problemas que se han identificado, actualizando la regulación de nuestro sistema de protección de la infancia. Un aspecto básico y esencial del Estado del Bienestar, porque afecta a los más vulnerables entre los vulnerables.
Uno de los puntos esenciales del anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.
Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar.
Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.
También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia (centros, hogares funcionales, etc.).
SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Igualmente, la nueva normativa racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales.
En primer lugar, el anteproyecto pretende que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo juzgado.
En segundo lugar, se imposibilita la ejecución provisional de sentencias que se dicten en primera instancia. De esta manera se evitan constantes cambios de situaciones y residencia del menor, que originan graves consecuencias emocionales a los niños y niñas.
CENTROS PARA MENORES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA
El anteproyecto regula también los centros para menores con trastorno de conducta. Menores que no han cometido delitos, pero que persisten en conductas que afectan gravemente a los demás, en sus diferentes ámbitos de existencia.
El anteproyecto aborda por primera vez las características de estos centros y establece una serie de garantías: necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, la limitación en la administración de medicamentos, e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión.
Desde esta perspectiva garantista, es importante también la ampliación de la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia. Una labor fundamental que muchos fiscales de España realizan con un gran compromiso y dedicación y que ahora se ve reforzada.
miércoles 29 de junio de 2011
La Ley de Familia sale adelante pese al rechazo de la oposición
Galicia
La Ley de Familia sale adelante pese al rechazo de la oposición
«De moral retrógrada, paternalista, hipócrita y sexista» fueron algunas de las críticas que recibió la norma
E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA / SANTIAGO
Día 29/06/2011
Varias salidas de tono por parte de los parlamentarios socialistas y nacionalistas encargados de la réplica en el debate sobre el proyecto de Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, evidenciaron la falta de argumentos con los que la oposición intentó ayer tumbar la normativa que, según defendió el PP, es pionera en diversos aspectos. Así, la diputada popular Marta Rodríguez defendió que no solo amplía el concepto de familia más allá del concepto tradicional, a la vez que se adapta la ley a «los distintos modelos de convivencia», sino que «apoya la maternidad para los que opten por ella. «Por primera vez —dijo— se tienen en cuenta a las familias acogedoras y se les concede un trato preferente a la hora de obtener plaza en escuelas infantiles, ayudas para la adquisición de vivienda y bonificaciones fiscales». Asimismo, destaca la protección de la gestante, que cuenta con la oportunidad de «declararse como unidad familiar para obtener recursos».
Pese a ello, su intervención no llegó a convencer a la oposición que dirigió sus críticas desde el hemiciclo a una norma que considera «de moral retrógrada, paternalista, hipócrita y sexista». Al respecto, tanto el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, como su homóloga en el PSOE, Beatriz Sestayo, lamentaron que «las mujeres queden relegadas a ejercer su rol tradicional y patriarcal para ahorrar en la prestación de servicios públicos, mientras se les niega su derecho a decidir sobre su maternidad y su sexualidad».
Es más, el parlamentario frentista fue más allá en sus reproches: «Expropiar los hijos, estas son las medidas que ustedes proponen», espetó. Al hilo, mencionó que con la ley se crean dos «chiringuitos más», el Consejo Gallego de Familia y el Observatorio Gallego de Familia; «que carecen de memoria económica, de medidas reales de apoyo a la familia y directas a la maternidad», pues «sólo dice que si no pueden atender a los hijos que los den en adopción».
Visiblemente molesta con la «manipulación» de la que acusó a PSOE y BNG, la representante popular censuró la lectura y las interpretaciones «sesgadas» del texto legal, negando así que la ley sea «retrógrada y sexista». Del mismo modo, rechazó que vaya «contra otras leyes en vigor o intente que las mujeres se queden embarazadas», contestando directamente a Sestayo, quien ve en el texto normativo «la intención del PP de hacer un guiño a su electorado más ultra». «Esta ley que no aporta nada —sostuvo—, no sólo satisface un compromiso ideológico, sino que constituye una excusa para financiar asociaciones antiabortistas, sin incorporar medidas de apoyo real a las familias», afirmó.
A juicio de la parlamentaria socialista, «hoy se consuma la política oscura de la Xunta en un ataque frontal, un nuevo boicot institucional del gobierno de Feijóo por la vía del rodillo directo, cara a destruir la posición de igualdad de las mujeres y la libertad de decidir voluntariamente cómo afrontar su maternidad», concluyó.
El proyecto, con dos enmiendas a la totalidad y devolución de la oposición; recibió inicialmente 179 enmiendas al articulado —6 del PPdeG, 139 del PSdeG y 34 del BNG— y el dictamen contó con 19 —6 nacionalistas, otras tantas populares y siete socialistas—, recibió finalmente luz verde de la Cámara con el único apoyo de los votos del grupo popular.
La Ley de Familia sale adelante pese al rechazo de la oposición
«De moral retrógrada, paternalista, hipócrita y sexista» fueron algunas de las críticas que recibió la norma
E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA / SANTIAGO
Día 29/06/2011
Varias salidas de tono por parte de los parlamentarios socialistas y nacionalistas encargados de la réplica en el debate sobre el proyecto de Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, evidenciaron la falta de argumentos con los que la oposición intentó ayer tumbar la normativa que, según defendió el PP, es pionera en diversos aspectos. Así, la diputada popular Marta Rodríguez defendió que no solo amplía el concepto de familia más allá del concepto tradicional, a la vez que se adapta la ley a «los distintos modelos de convivencia», sino que «apoya la maternidad para los que opten por ella. «Por primera vez —dijo— se tienen en cuenta a las familias acogedoras y se les concede un trato preferente a la hora de obtener plaza en escuelas infantiles, ayudas para la adquisición de vivienda y bonificaciones fiscales». Asimismo, destaca la protección de la gestante, que cuenta con la oportunidad de «declararse como unidad familiar para obtener recursos».
Pese a ello, su intervención no llegó a convencer a la oposición que dirigió sus críticas desde el hemiciclo a una norma que considera «de moral retrógrada, paternalista, hipócrita y sexista». Al respecto, tanto el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, como su homóloga en el PSOE, Beatriz Sestayo, lamentaron que «las mujeres queden relegadas a ejercer su rol tradicional y patriarcal para ahorrar en la prestación de servicios públicos, mientras se les niega su derecho a decidir sobre su maternidad y su sexualidad».
Es más, el parlamentario frentista fue más allá en sus reproches: «Expropiar los hijos, estas son las medidas que ustedes proponen», espetó. Al hilo, mencionó que con la ley se crean dos «chiringuitos más», el Consejo Gallego de Familia y el Observatorio Gallego de Familia; «que carecen de memoria económica, de medidas reales de apoyo a la familia y directas a la maternidad», pues «sólo dice que si no pueden atender a los hijos que los den en adopción».
Visiblemente molesta con la «manipulación» de la que acusó a PSOE y BNG, la representante popular censuró la lectura y las interpretaciones «sesgadas» del texto legal, negando así que la ley sea «retrógrada y sexista». Del mismo modo, rechazó que vaya «contra otras leyes en vigor o intente que las mujeres se queden embarazadas», contestando directamente a Sestayo, quien ve en el texto normativo «la intención del PP de hacer un guiño a su electorado más ultra». «Esta ley que no aporta nada —sostuvo—, no sólo satisface un compromiso ideológico, sino que constituye una excusa para financiar asociaciones antiabortistas, sin incorporar medidas de apoyo real a las familias», afirmó.
A juicio de la parlamentaria socialista, «hoy se consuma la política oscura de la Xunta en un ataque frontal, un nuevo boicot institucional del gobierno de Feijóo por la vía del rodillo directo, cara a destruir la posición de igualdad de las mujeres y la libertad de decidir voluntariamente cómo afrontar su maternidad», concluyó.
El proyecto, con dos enmiendas a la totalidad y devolución de la oposición; recibió inicialmente 179 enmiendas al articulado —6 del PPdeG, 139 del PSdeG y 34 del BNG— y el dictamen contó con 19 —6 nacionalistas, otras tantas populares y siete socialistas—, recibió finalmente luz verde de la Cámara con el único apoyo de los votos del grupo popular.
viernes 24 de junio de 2011
Benestar destina 200.000 euros al programa de familias acogedoras que gestiona Cruz Roja
FAMILIAS ACOGEDORAS
Por otra parte, la Consellería de Traballo e Benestar destinará un total de 200.000 euros al programa de familias ajenas acogedoras que desarrolla Cruz Roja en Galicia. Con este fin, el Consello de la Xunta ha autorizado un convenio de colaboración con la entidad social.
El objetivo de este convenio es establecer el marco de colaboración entre el Gobierno autonómico y la Cruz Roja para proporcionarles una atención temporal en familia ajena a los menores en situación de riesgo, desamparo o desprotección social. Se trata de acogerlos, según explica la Xunta, en un ambienta familiar "normalizado" cuando no es posible que permanezcan en su familia de origen en su familia de origen --familia extensa-- por no existir o por no ser idónea para su cuidado.
En 2010 participaron en este programa un total de 160 familias ajenas, que permitieron a 228 niños la estancia en un hogar.
Por otra parte, la Consellería de Traballo e Benestar destinará un total de 200.000 euros al programa de familias ajenas acogedoras que desarrolla Cruz Roja en Galicia. Con este fin, el Consello de la Xunta ha autorizado un convenio de colaboración con la entidad social.
El objetivo de este convenio es establecer el marco de colaboración entre el Gobierno autonómico y la Cruz Roja para proporcionarles una atención temporal en familia ajena a los menores en situación de riesgo, desamparo o desprotección social. Se trata de acogerlos, según explica la Xunta, en un ambienta familiar "normalizado" cuando no es posible que permanezcan en su familia de origen en su familia de origen --familia extensa-- por no existir o por no ser idónea para su cuidado.
En 2010 participaron en este programa un total de 160 familias ajenas, que permitieron a 228 niños la estancia en un hogar.
jueves 2 de junio de 2011
Adxudicacións por sorteo - Carballiño
http://benestar.xunta.es/web/portal/novas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_SGGr&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_SGGr_content=%2Fopencms%2FVicepresidencia%2FContidos%2FNovas%2Fnova_0008.html&category=Tema%2FFamilia%2F&friendlyURL=%2Fportada-familia&activo=Nova
Secretaría Xeral Familia e Benestar
Adxudicacións por sorteo - Carballiño
Adxudicacións por sorteo - 1 ao 10, do 12 ao 20 e do 22 ao 30 de xullo e agosto e do 1 ao 10 de setembro. - Carballiño
Relación de solicitudes que non foron adxudicatarias dalgunha estadía na residencia de tempo libre do Carballiño.
Secretaría Xeral Familia e Benestar
Adxudicacións por sorteo - Carballiño
Adxudicacións por sorteo - 1 ao 10, do 12 ao 20 e do 22 ao 30 de xullo e agosto e do 1 ao 10 de setembro. - Carballiño
Relación de solicitudes que non foron adxudicatarias dalgunha estadía na residencia de tempo libre do Carballiño.
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